Cómo corromper la democracia desde dentro de la democracia 6k7258

Las argucias políticas de Pedro Sánchez, siempre al borde de los límites democráticos, responden más a intereses personalistas y familiares que al bien común.

La democracia representativa está en peligro y es necesario un llamado a la acción.

El abuso del decreto ley por parte del Gobierno ha erosionado el papel del Congreso de los Diputados debilitando el debate parlamentario y afectando a la calidad democrática de nuestro país.

La Constitución solo permite este mecanismo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero Sánchez lo ha convertido en práctica habitual.

Desde 2018 ha aprobado 153 decretos ley, cifra que supera con creces la de sus predecesores.

Más alarmante aún es la aprobación de decretos ley ómnibus, que agrupan múltiples disposiciones en un solo texto dificultando el análisis detallado y forzando una votación en bloque.

Esto no es una cuestión partidista, sino un comportamiento de perversión política y manipulación legislativa.

Un caso especialmente grave fue el Real Decreto Ley 5-2023, aprobado cuando las Cortes estaban disueltas, modificando 47 leyes de una sola vez, sin debate ni transparencia.

Ningún medio de comunicación se hizo eco de ello.

Más recientemente, el Real Decreto Ley 9-224 no fue convalidado por el Congreso mientras que el Real Decreto Ley 1-2025, con la excusa de proteger las pensiones y el escudo social, introdujo medidas dispares.

Esta llamada de atención no es para debatir si son buenas o malas este tipo de leyes, sino de que son leyes aprobadas sin el debate necesario, normalizando el uso de una medida excepcional para legislar a espaldas del pueblo.

El déficit del sistema de pensiones es otro problema que afecta a millones de ciudadanos y sin embargo ha sido opacado por el abuso del decreto ley.

En 2024, el Estado destinó 66.000 millones de euros para sostenerlo, superando los 60.000 millones del año anterior, en 2023.

La tendencia es creciente porque el crecimiento demográfico es negativo y la inmigración masiva no cualificada no corrige el problema.

Esta situación evidencia una crisis estructural que no ha sido discutida con la transparencia necesaria y evitan hablarlo en los medios de comunicación, enrocándose en sus posiciones editoriales al albur de las políticas gubernamentales nefastas de inmigración y a la falta de fomento de la natalidad.

Este proceder arbitrario convierte al Parlamento en un órgano inútil, debilitando la democracia representativa al romper el equilibrio entre poderes.

En un sistema parlamentario, el Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Legislativo, como establece el artículo 66 de la Constitución.

Las Cortes Generales representan al pueblo español y tienen la potestad legislativa, la aprobación de presupuestos y el control del Gobierno.

La falta de esta práctica significa que decisiones clave se toman sin deliberación parlamentaria.

Los ciudadanos tenemos el deber de organizarnos y alzar la voz para evitar la concentración del poder.

La participación activa en el debate público es esencial.

Pero los partidos políticos, en lugar de actuar como verdaderos representantes, se han convertido en parte de un sistema cerrado que se autoprotege.

Las plataformas cívicas son la única herramienta real de cambio ya que el voto en las urnas no soluciona el problema.

Los políticos mienten tanto en la oposición como en campaña con fines electoralistas y en el Gobierno rara vez cumplen lo prometido en sus programas.

Por otro lado, los medios de comunicación han dejado de fiscalizar al Gobierno para convertirse en instrumentos del sistema.

Aceptando campañas millonarias han debilitado su sentido crítico y la libertad de opinión.

No podemos olvidar que la democracia representativa es el pilar fundamental del Estado de Derecho y su erosión afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

Es hora de exigir transparencia respecto a la separación de poderes y una verdadera rendición de cuentas.

España no puede permitirse una deriva autoritaria en la que el Parlamento sea un mero espectador de las decisiones del Ejecutivo.

La participación ciudadana, el compromiso de los partidos políticos y el ejercicio