En Ocasiones Veo Fraudes #69 | INSEGURIDAD ALIMENTARIA 5op63

Por fin tenemos fecha para la celebración del juicio del caso Magrudis. Ese brote masivo de listeriosis que se saldó con cuatro muertos, entre ellos un recién nacido, seis abortos y multitud de intoxicados. Será en octubre de 2026, todavía tendremos que esperar más de un año y medio. Un caso del que las istraciones debieron aprender muchas lecciones pero lamentablemente después de todo el tiempo transcurrido observamos que no se han producido los cambios necesarios que venimos reivindicando desde entonces.

A día de hoy el gobierno de España desde el Ministerio de Consumo sigue sin potenciar una modificación de la ley para que cualquier empresa, sea del sector alimentario de cualquier otro, tenga la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que sufran los consumidores ante posibles cierres por quiebras o ante daños que sufran como consecuencia del uso o consumo de sus productos. A día de hoy la Junta de Andalucía tampoco ha mejorado sustancialmente sus protocolos de información ante alertas alimentarias. En el caso Macrudis fue Facua la que tuvo que investigar y destapar públicamente el nombre de la marca de productos afectados por la listeria, la Mecha.

La Junta no lo quiso hacer cuando ya tenía todos los datos y reaccionó después que nosotros, continuando con una relación importante de incongruencias, inexactitudes e incluso falsedades en las cuales parecía que primaba más proteger los intereses de la empresa que los de los consumidores afectados. Hoy seguimos observando este tipo de irregularidades, el caso más reciente el de la taberna La Sacristía de Córdoba donde esa intoxicación masiva por el consumo de montaditos de Pringá ha derivado en una Junta de Andalucía que quería mantener en secreto de nuevo el nombre de la empresa responsable y que ha actuado con una absoluta laxitud llegando a plantearse que no era necesario el cierre cautelar del establecimiento primero para después contarnos que sus inspectores habían verificado que efectivamente había potencial riesgo para la salud en el momento en que realizaron los controles.

Y el Ayuntamiento de Sevilla, autoridad sanitaria, que en su momento no cumplió con sus responsabilidades de debido control sobre esa industria cárnica y que a día de hoy continúa teniendo un déficit importantísimo en el número de inspectores de consumo e inspectores veterinarios para vigilar el conjunto de empresas dedicadas al suministro y fabricación de productos alimentarios a los consumidores. Aquí nadie parece que ha querido aprender la lección y la historia. Sin duda acabará repitiéndose.

Ahora de cara al juicio será fundamental que se declare la responsabilidad civil subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Bien porque se produzca la condena a la inspectora veterinaria que cometió una grave negligencia en su labor de control a Magrudis. Bien porque en cualquier caso se considere que el Ayuntamiento de Sevilla no cumplió con su obligación invigilando. Un ayuntamiento que tuvo abierta una industria cárnica de forma absolutamente ilegal, que no revisó los papeles que aportó y que ponían de manifiesto que no cumplía los más mínimos requisitos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.

Tras acabar el último programa como siempre llame a mi representante. ¡Pazos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos después del lapsus de la semana pasada en la que no pude presentar el programa porque estuve de retiro espiritual sometiéndome un carísimo tratamiento para adelgazar. Se llama gastroenteritis. Como siempre comenzamos con tres temas de actualidad. Nueva condena contra una aerolínea por el cobro del equipaje de mano.

En este caso ha sido Bueling, una sentencia del juzgado de los mercantil número 2 de San Sebastián. Ha dictaminado que debe devolver los 11 euros. Sí, sí, por 11 euros obligado a ir a los tribunales que uno de nuestros socios tuvo que pagar por viajar con su maleta de cabina. Se trata de una nueva resolución judicial a favor de los consumidores tras la sanción, recordemos, de 179 millones que impuso a cinco aerolíneas, Bueling entre ellas, el Ministerio de Consumo y otras cosas de Pablo Agustín Duy.

Todo ello como consecuencia de denuncias que llevábamos años presentando porque planteamos desde el inicio del cobro ilegal de esta tarifa en 2018 que se trataba de una práctica totalmente ilegal que vulnera la normativa española en materia de navegación aérea y la normativa de protección de los consumidores.

Es importante recordar que este tipo de demandas judiciales no requieren obligatoriamente acudir con abogados ni procuradores, es decir, que pueden salir gratis porque no superan los 2.000 euros, el importe que se reclama. Por eso invitamos a ir a juicio cada vez que nos cobren irregularmente una cantidad por viajar con el equipaje de cabina y cuando presentemos una primera reclamación a la compañía recibamos la negativa por respuesta o nos recibamos