The trader nº106 1g221q

Bienvenido a mi visión personal sobre la actualidad de los mercados financieros número 106.

Mis claves.

Donald Trump ha vuelto a colocar los aranceles en el centro del tablero geopolítico.

Su regreso al poder ha estado marcado por una ofensiva comercial sin precedentes impulsada bajo el paraguas de una supuesta emergencia económica nacional.

A diferencia de su primer mandato, ahora se enfrenta a una resistencia legal cada vez más firme.

Una Corte Federal de Comercio ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, al considerar que ha abusado de los poderes presidenciales conferidos por la ley IEPA, un instrumento creado en 1977 para gestionar crisis financieras o amenazas externas, no para imponer tarifas a aduaneras generalizadas.

El fallo judicial representa un revés significativo para una de las piezas clave de su estrategia económica.

Aunque una Corte de Apelaciones ha concedido una pausa temporal a la decisión, el futuro de esta política pende de un hilo y podría acabar en manos del Tribunal Supremo.

En paralelo, la Casa Blanca maniobra con rapidez, tratando de esquivar los límites legales establecidos.

Peter Navarro, uno de los asesores más radicales del entorno trumpista, lo dijo sin rodeos.

No hay plan B, todo es plan A.

Esa estrategia total incluye recurrir a otras herramientas legales como la Sección 232, creada para imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, la Sección 301, basada en prácticas comerciales desleales, o incluso la Sección 122, que permitiría tarifas del 15% durante un plazo de 150 días.

Trump ya ha empezado a aplicar esa estrategia.

En las últimas semanas ha anunciado la duplicación de los aranceles al acero y al aluminio, pasando del 25% al 50%, justificándolo como una medida para proteger la industria nacional frente a las importaciones que, según él, ponen en peligro la seguridad económica de Estados Unidos.

Este movimiento reaviva la tensión con múltiples socios comerciales y amenaza con desatar represalias, especialmente por parte de Europa, Canadá y China, que ya estudian contramedidas.

Mientras libra esta batalla en los tribunales, Trump ha impulsado una nueva ofensiva fiscal con la llamada Sección 899.

Discretamente incluida en su gigantesco proyecto de ley de gasto e impuestos, esta medida busca penalizar a individuos y empresas extranjeras provenientes de países con políticas fiscales consideradas discriminatorias por Estados Unidos.

El objetivo son naciones como Canadá, Reino Unido, Francia o Australia, que han aprobado impuestos digitales dirigidos a gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta, Amazon o Apple.

La medida elevaría los impuestos sobre las rentas pasivas que generan esos inversores en Estados Unidos de forma progresiva hasta 20 puntos por encima del tipo general.

El impacto potencial es enorme.

Los analistas alertan de que esta ofensiva puede disuadir a los inversores internacionales y erosionar la confianza en los activos estadounidenses justo cuando el mercado de deuda y el dólar comienzan a mostrar síntomas de debilidad estructural.

La idea de convertir los mercados de capitales en un instrumento de presión política inquieta a Wall Street.

Algunas voces lo describen como el inicio de una posible guerra del capital que suceda a la guerra comercial.

De hecho, se estima que los inversores extranjeros poseen más de 30 billones de dólares en activos estadounidenses.

Cualquier movimiento que afecte a ese capital puede tener consecuencias globales.

Al mismo tiempo, en los tribunales se suceden las demandas.

El Tribunal de Comercio Internacional ya ha calificado de inconstitucional la imposición de aranceles por parte de Trump amparándose en la IEPA.

El argumento central es claro.

La Constitución otorga al Congreso, no al presidente, el poder de grabar y regular el comercio con naciones extranjeras.

Varios estados demócratas, así como asociaciones de empresas, han demandado al gobierno por lo que consideran un uso abusivo del poder ejecutivo.

Trump, fiel a su estilo, responde con ataques personales a los jueces, tildándolos de no elegidos y acusándolos de poner en peligro la soberanía económica de Estados Unidos.

El alcance de esta guerra comercial y fiscal no se limita a China, México o Canadá.

También afecta a las relaciones con Europa, India, Japón e incluso al Reino Unido, con quien se estaban negociando los detalles de un tratado bilateral.

El anuncio de aranceles del 10% a las importaciones británicas ha quedado en suspenso ante la inseguridad jurídica generada por los fallos judiciales.

Conclusión Trump ha declarado una guerra económica total con armas nuevas.

Legislación de emergencia, fiscalidad agresiva y una narrativa de confrontación constante y errática.

En su cruzada por redefinir el comercio internacional y restaurar lo que considera la justicia económica americana, ha encendido alarmas no solo fuera de Estados Unidos, sino también dentro de su propio sistema institucional.

Si los tribunales limitan su margen de acción, no cabe duda de que explorará rutas aún más agresivas, aunque eso implique minar la confianza de los jueces.