La burocracia está a punto de matar la mayor inversión minera de España 3p555l

El mayor proyecto minero de España está a punto de morir, aplastado por la losa del exceso de regulación y del exceso de burocracia de nuestro país.

Veámoslo.

Uno de los componentes del PIB que ha tenido un peor comportamiento en España durante los últimos años ha sido la inversión privada.

Mientras que el consumo público, las exportaciones y, en menor medida, el consumo privado se han incrementado de manera continuada durante los últimos años, el comportamiento de la inversión privada ha sido mucho más deficiente, y una inversión privada vigorosa es clave para incrementar nuestra productividad futura y, por tanto, para elevar nuestros estándares de vida.

¿Y por qué la inversión privada no está aumentando con vigor dentro de España? Pues desde luego habrá múltiples razones, pero una de ellas, absolutamente determinante en muchísimos casos, es el exceso de regulación y de burocracia que existe en España y que directamente mata muchas de las inversiones potenciales que podrían querer ejecutarse en nuestro país.

Ilustrémoslo con un ejemplo tristemente claro.

Me refiero a un proyecto de inversión que la presidenta socialista de Navarra ha calificado como el mayor proyecto minero de España.

Pues bien, ese mayor proyecto minero de España, según la propia María Chivite, está a punto de sucumbir, está a punto de ser enterrado por culpa del disparatado exceso de regulación y de burocracia en nuestro país.

Pongámonos en antecedentes.

Durante los últimos 12 años, la empresa minera australiana Highfield Resources, a través de su filial española Geoalcali, ha tratado de iniciar la explotación minera de potasa en Minamuga.

Minamuga es un yacimiento al sur de Navarra, colindante con Aragón, y cuyo aprovechamiento productivo sólo parece acarrear ventajas para la economía española y, sobre todo, para la economía local de esa zona de nuestro país.

En primer lugar, la compañía invertiría más de 500 millones de euros sin ningún tipo de subsidio público en explotar la potasa de Minamuga.

Eso supondría la creación de 800 empleos directos y de alrededor de 7000 empleos indirectos en una zona de España, el sur de Navarra, norte de Aragón, que solemos clasificar dentro de la llamada España vaciada.

Pues desde luego, crear más de 7000 empleos directos e indirectos en una zona de la España vaciada y, además, con una estabilidad de largo plazo, porque estos proyectos de explotación minera tienen una vida media de 80-90 años, desde luego supondría un revulsivo para la zona.

Además, en segundo lugar, España lograría a un recurso geoestratégico fundamental como es la potasa.

La potasa es necesaria para producir fertilizantes y, por tanto, para poder producir alimentos, y actualmente más de un tercio de toda la producción mundial de potasa se concentra en dos países con los que no tenemos ahora mismo buenas relaciones comerciales, Bielorrusia y Rusia.

Y el otro tercio se concentra en Canadá.

Por tanto, tres países, Canadá, Bielorrusia y Rusia, producen dos tercios de toda la potasa a escala mundial.

Europa es un productor irrelevante de potasa en la esfera internacional.

Pues bien, este proyecto le proporcionaría a España, y en general a Europa, a este mineral básico.

Y en tercer lugar, el contrapunto que muchas veces se opone a la explotación minera de recursos naturales es que es muy contaminante.

Sin embargo, el único residuo que genera la explotación de la potasa es algo tan sumamente peligroso y contaminante como es la sal.

Y por si fuera poco, Geoalcali se ha comprometido a volver a enterrar dentro de la mina toda la sal que se vaya generando a través de su explotación.

Por tanto, el perjuicio medioambiental para los seres humanos de esta explotación minera sería nulo.

Expuesto así, por tanto, parecería que se trata de una inversión idílica para nuestro país.

Todos son ventajas y no hay ningún claro inconveniente, de manera que no debería haber ningún motivo para que los políticos se opongan a este proyecto de explotación minera.

Y en efecto, los políticos de todos los partidos, incluido el PSOE, no se oponen a este proyecto de explotación minera.

Como decía hace un momento la propia presidenta de Navarra, del PSOE, María Chivite, lo ha calificado como el mayor proyecto de explotación.