23-F: mentira fundacional 422a1e

Nosotros tenemos que destruir el lenguaje de la oligarquía, antes de destruir el poder de la oligarquía.

Se empieza destruyendo el lenguaje de la oligarquía. Ese es nuestro deber.

Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional, dado por Antonio García Trinijano.

La lucha por el derecho, con Pedro Manuel González.

Cumplido otro aniversario de los hechos del 23 de febrero de 1981, es necesario, nuevamente, como cada año, insistir en la verdad de esos hechos, más allá de la propaganda establecida por el régimen.

No se trató, como insisten los narradores oficiales de la historia, de un fallido intento de subvertir una democracia naciente, sino de un episodio teatralizado para consolidar el régimen de poder diseñado por la oligarquía política y la monarquía reinstaurada en aquel momento, hace pocos años antes del 81, en el año 78.

No se trata de una monarquía restaurada, ni de una monarquía instaurada.

No hay restauración porque no hay nueva dinastía, no hay instauración porque no se sigue la línea sucesoria propia de las normas de esa misma monarquía, que se dice que, como la Constitución, nos hemos dado los españoles con absoluta falsedad.

No hubo un golpe en sentido revolucionario, no hubo una contrarrevolución, sino que lo que hubo fue una escenificación cuyo propósito era cerrar el paso a cualquier atisbo de democracia auténtica, de una vez por todas.

Es decir, el asentamiento del régimen de los partidos coronados por la monarquía de Juan Carlos.

La llamada transición española no fue una ruptura democrática como se nos ha vendido, no fue una ruptura con el franquismo, así lo narran los aduladores, falsamente.

Fue, en realidad, la continuidad reformada y reformista del franquismo bajo el barniz de las libertades concedidas.

Faltó la libertad constituyente, que fue sustituida por una reforma pactada entre los viejos poderes y las nuevas élites políticas emergentes, el consenso.

El 23-F fue la dramatización de una amenaza con la que se quiso legitimar a una monarquía entonces titubeante y reforzar así la autoridad de un sistema que, sin este susto programado, habría sido cuestionado desde los mismos cimientos.

La figura de Juan Carlos, presentada como la salvaguarda de la democracia, fue, en realidad, el eje sobre el que giró toda esta operación.

No era un improvisado paladín de las libertades, sino que fue, y ese fue el papel que jugó, el sucesor directo de Franco, cuya autoridad pendía entonces de un hilo.

La pantomima del 23-F le permitió erigirse en el garante de un inexistente orden constitucional cuando, en realidad, su intervención fue la pieza clave del juego de equilibrios entre los poderes fácticos y los partidos del Estado.

El comportamiento de los generales y la pasividad de los mandos demuestran que el golpe no fue una acción espontánea de nostálgicos del franquismo, sino, en realidad, un acto tolerado hasta el momento exacto en que cumplió su propósito.

La puesta en escena en el Congreso, con contejero pistola en mano, fue el espectáculo visual que sirvió a la clase política para disciplinar a los gobernados.

La conclusión es evidente.

Lejos de poner en peligro el régimen de la transición, el 23 de febrero de 1981 se afianzó.

A partir de entonces, la oligarquía de partidos pudo presentarse como el único camino posible, con el PSOE articulando el régimen, tomando las riendas del poder en 1982 para completar la integración de España en el esquema político de la Europa de los partidos estatales diseñado después de la Segunda Guerra Mundial para la Guerra Fría.

La posibilidad de la ruptura democrática quedó sepultada, una vez más, bajo el peso del miedo.

Se justificó el carácter estatal de los partidos, se afianzó la monarquía como árbitro del reparto y se liquidó cualquier intento de cuestionar la naturaleza del naciente régimen.

España no caminó hacia una democracia representativa, sino hacia una partidocracia blindada, donde la separación de poderes es una quimera y donde los gobernados se limitan a ratificar periódicamente listas.